La reforma de la morosidad podría salvar 600.000 empleos

La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados vota hoy la Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004 sobre morosidad en las operaciones comerciales.

Esta iniciativa, propuesta por CiU, instaura el pago de las facturas del sector público a 30 días y de las empresas a 60 días, y elimina la posibilidad de que las compañías pacten un plazo mayor con sus proveedores.

Si la reforma sale adelante y se logra bajar de los actuales 101 días a 60 días el plazo medio de pago entre compañías se inyectarían en el tejido de las pequeñas y medianas empresas (pymes) más de 6.400 millones. Y más de 3.000 a las grandes firmas, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM).

Si, además, el sector público pagase a tiempo ?ahora lo hace a 154 días, cuatro meses más tarde de lo que debería? se devolverían a la economía real más de 9.300 millones de euros, casi otro 1% del PIB, apunta la consultora líder en europa en gestión de crédito, Intrum Justitia (IJ).

En total, se estima que el cumplimiento de la ley podría salvar 600.000 puestos de trabajo, según los cálculos realizados para EXPANSIÓN por la PMCM, teniendo en cuenta una encuesta a más de 95.000 empresas y los datos del propio Gobierno. «Miles de empresas y autónomos dependen en gran medida de la aprobación» de la norma, subrayan desde la PMCM.

La aprobación de la propuesta estaba encarrilada hasta la mañana de ayer. Todos los partidos estaban de acuerdo, a falta de la valiosa adhesión del PSOE. La formación en el Gobierno ultimaba por la tarde sus enmiendas transaccionales para sumarse a la entente parlamentaria. Los socialistas quieren que se elimine la cláusula «salvo pacto en contrario», que permite a las compañías acordar la dilación del pago, pero no para las compañías grandes.

El principal caballo de batalla es que el PSOE quiere que se impida pactar sólo con las empresas con menos de 8 millones de euros de facturación, pero podría aumentar ese límite hasta 50 millones ?el tope para ser considerada pyme, según la UE?. CiU quería llegar más allá, a los 100 millones de facturación, para abarcar un mayor número de empresas.

A las 21:15 horas de ayer, CiU y PSOE rompieron las negociaciones para reanudarlas más tarde. Habían llegado a un acuerdo relativo al sector alimentario, pero prefirieron empezar luego desde cero, según fuentes cercanas a la negociación. El acuerdo, de haberlo, se esperaba para última hora de la noche o para esta mañana.

Cumplimiento
La importancia de este debate radica en que España es, después de Grecia, el país con plazos de pago medio más altos de la UE, con una media de 94 días. La media europea está en los 54 días. En España, el 90% de las compañías ?más de tres millones? «cobra con retraso, porque a su vez sus clientes están sufriendo dificultades financieras», según Intrum Justitia.

Pero la implantación de esta reforma ?que se escalonaría en el tiempo? no garantizará el cumplimiento de los plazos, ya que no se instaura el pago de intereses de demora «de oficio», como señala el experto en morosidad Pere J. Brachfield. «No creo que las cosas cambien radicalmente, pero sí preveo que mejoren los plazos de pago», señala Luis Salvaterra, director de Intrum Justitia Ibérica.

Fuente: Expansión.com