Demoras de más de 157 días en los pagos de administraciones.

Las pymes aguardan que los partidos políticos aprueben el próximo día 23 el abono en 60 días y el fin de la cláusula de ´´salvo acuerdo entre las partes´´.
La morosidad y los dilatadísimos plazos de pago de facturas eran un mal crónico para las empresas españolas y gallegas antes de la crisis. Con la recesión galopando, hubo una ´´metástasis´´ que transformado la enfermedad en un ´´cáncer´´ terminal para muchos negocios, pero al que se le puede hallar tratamiento: la toma en consideración, el próximo día 23 en el Congreso, de las alegaciones de las más de millón y medio de empresas integrantes de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y la Plataforma Gallega de Asociaciones Proveedoras de la Construcción (Pgaproc) a la Ley de Morosidad. Los representantes de pymes que suman 4,5 millones de trabajadores y un negocio de 150.000 millones de euros peregrinaron ayer a Compostela para llevar sus demandas no solo a los grupos políticos y a la Xunta: en pleno Xacobeo, elevaron su petición al mismísimo Apóstol Santiago.
Las alegaciones a la norma sobre impagos, nacida con multitud de vicios en 2004 -cuatro años después de la directiva europea por la que debía regirse-, pasan por la eliminación de la cláusula ´´salvo pacto entre las partes´´, que deja en posición de indefensión al proveedor frente a la parte contratante, dilatando los tiempos; fijar un plazo máximo de facturación de 30 días desde la entrega de los bienes; limitar a 60 días naturales el abono de las facturas; reseñar los conceptos que pueden ser objeto de indemnización; y el establecimiento de un tipo mínimo de interés de demora con carácter irrenunciable por contrato.
Así lo expusieron ayer en una jornada en el hotel Los Abetos, en Santiago, los portavoces de PMcM, Pedro Torres, y Pgaproc, Manuel Espiño. El cuestión no es baladí, pues sumada a las dificultades de financiación se ha llevado por delante el 20% de los puestos de trabajo en este grupo de compañías. El enfermo está grave, detalló el responsable de Pgaproc Antón Cañete: en su última encuesta, se aprecia que las administraciones españolas pactan el pago a 99 días pero abonan las facturas en 154, más del doble que la media europea e incumpliendo los 60 que fija la ley. En el sector privado, el último dato es que compromisos de pago que ya se establecen a 77 días de media se ejecutan finalmente a 101, lejos de los 57 comunitarios. Para encontrar un peor registro hay que irse a la convulsa Grecia, con 120 días.
´OK´ de los partidos gallegos
El PSOE en Madrid se desmarca del apoyo a las demandas de ambas plataformas, aunque no aquí en Galicia: María José Caride mostraba ayer el apoyo del PSdeG a estas alegaciones, al igual que hizo en nombre del PP Alejandro Gómez, y por el Bloque Carlos Aymerich. Tras una primera comparecencia en la que Diego Maraña, presidente de AJE Vigo, ejerció como maestro de ceremonias, para dar paso después al debate con la conselleira de Facenda, a la que se le pidieron medidas para que las contratas paguen a las subcontratas también en plazo. Después llegó el recorrido del final del Camino hasta la Catedral.
La Xunta, pionera, ejemplo a seguir
La Xunta ya paga sus facturas a 45 días, 15 por debajo del plazo legal, en buena parte de las consellerías. Pronto lo hará en el 100%, y no hay nadie en España, y pocos en la UE, que puedan presumir de ello. La titular de Facenda, Marta Fernández Currás, explicaba ayer que el registro electrónico ´´funciona a la perfección´´, aportando ´´transparencia´´, pues los proveedores de la Xunta conocen en tiempo real el estado de sus facturas. Además, anunció que pronto estará en marcha el sistema de licitación electrónica. Las dos plataformas aplaudieron esta inicativa pionera, que ponen como ejemplo a seguir.

Fuente: El Correo Gallego