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FONCALOR a través de FAEIGA, Federación de Asociaciones de Empresas Instaladoras de Galicia, de la que Foncalor es miembro fundacional, ha solicitado al Vicepresidente Segundo y Conselleiro de la Xunta de Galicia D. Francisco Conde, el cese inmediato de la Secretaria General de Industria, Dª Paula Uría Traba, por las siguientes razones.
I.- Que, tal y como se ha expuesto reiteradamente a la Consellería de Industria en los últimos años en relación con la problemática del sector de la Fontanería a partir de la desregularización del sector por Decreto 51/2011, la entonces Directora General de Planificación Energética y Recursos Naturales, y ahora Secretaria General de Industria, no ha llevado a cabo ninguna actuación para mejorar la situación del sector, que ha empeorado a partir del Decreto 133/2021 por el que se crea el Registro de Empresas Instaladoras de Fontanería de Galicia y Registro de Instalaciones Interiores de Suministro de Agua de Galicia, norma de la que es directamente responsable la Secretaria General de Industria, que sigue asumiendo la responsabilidad de la Fontanería como lo hiciera antes en su puesto anterior.
Así lo hemos puesto de manifiesto, de forma constructiva, aportando incluso soluciones alternativas a la norma propuesta, todo ello en diversos escritos presentados por esta federación a lo largo de este proceso.
II.- Esta federación, ante la manifiesta incapacidad de la Secretaria General, Dª. Paula Uría Traba, solicita su cese inmediato por las razones que se enumeran a continuación:
1ª. Ineficacia de la medida legislativa aprobada para dar solución al problema creado por el Decreto de 2.011: A pesar de las reiteradas comunicaciones, propuestas de regulación alternativas, y del ejemplo de otras comunidades, la postura de la Sra. Uría Traba ha sido de la de ignorar todos nuestros planteamientos y alegaciones, limitándose a aprobar el proyecto normativo inicialmente previsto con una única modificación: la eliminación de un sello de calidad vinculado a una “federación” determinada formada por una única asociación, FEGAFON, de escasa implantación, cuya legalidad era, cuando menos, discutible.
A día de hoy, transcurridos siete meses de la publicación del Decreto, se ve claramente que, tal como habíamos advertido reiteradamente, ni ha servido para solucionar, ni tan siquiera para mejorar la problemática del sector, ni los problemas que para el resto de la sociedad surgieron a raíz del decreto de 2011.
2º. Su demostrada incapacidad legislativa de adecuación de la normativa europea a la realidad gallega, conforme han llevado a cabo en otras autonomías, argumento base desarrollado por el Sr. Seco (PSG PSOE) en la proposición no de ley del Parlamento gallego, ya que, conforme argumentó correctamente el Sr. Seco, los diputados están allí para legislar y buscar soluciones a los problemas sociales que se plantean, conforme han hecho en otras comunidades autónomas regularizando el sector.
3º. Con la publicación del Decreto ninguneando a la mayoritaria representación del sector en Galicia, el apoyo a acciones promocionales como la feria Enerxetika, o el amparo de argumentación desarrollado en la Comisión 6ª del Parlamento Gallego amparándose en una federación minoritaria como es FEGAFON, constituida por una única asociación de escasa representatividad real, están consiguiendo enfrentar al sector, siendo valedores de una de las partes, lo que es inadmisible, máxime en una institución política como la que nos ocupa.
4º. Y por último, y no menos importante, al mantener un registro voluntario de empresas e instalaciones, y, por lo tanto, permitir la actividad sin los controles administrativos y legales debidos, se favorece de forma indirecta una situación que atenta contra la salud de las personas, el medio ambiente, la evasión de impuestos y cuotas de seguridad social, la contratación laboral irregular, la seguridad laboral, el mercado de equipos, piezas y componentes no autorizados y sin certificación europea de conformidad, los derechos básicos de los consumidores y usuarios, etc. etc., todo lo cual trasciende incluso la responsabilidad en el ámbito político, pudiendo derivarse hacia responsabilidades de índole judicial.
III.- A la vista de la actitud de la responsable política de la Consellería, esta federación considera ineludible solicitar el CESE de la Sra. Paula Uría Traba, Secretaria General de Industria, por su evidente incapacidad para el desempeño de su cargo, incapacidad que se ha manifestado, en su negativa a mantener una reunión de trabajo sobre esta problemática solicitada con carácter de urgencia por esta federación, para abordar la crítica situación del sector y la necesaria adopción de medidas para solventarla, fundamentalmente medidas de modificación del marco legislativo por parte de la Consellería a instancias de esa Secretaria General, lo que implica un desprecio a la federación más representativa del sector en Galicia, integrada por tres asociaciones provinciales, así como su negativa a mantener una interlocución adecuada con las organizaciones y profesionales afectados, para dar respuesta a sus necesidades y a las problemáticas creadas por la derogación normativa llevada a cabo por la Xunta en 2.011, mediante el ejercicio de las competencias autonómicas en la materia, estableciendo la obligatoriedad del registro de instaladores, y de instalaciones interiores de agua, única opción para resolver la situación.