Decreto 133/2021, un duro revés para la Fontanería en Galcia

La publicación el pasado día 11 de octubre del Decreto 133/2021, de 23 de septiembre, por el que se crea el Registro de Empresas Instaladoras de Fontanería de Galicia y el Registro de Instalaciones Interiores de Suministro de Agua de Galicia, pretende reafirmar la línea errática y desconocedora de la realidad del sector de la Fontanería seguida por la ahora denominada Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación, desaguisado iniciado con la publicación en su día del Decreto 51/2011, de 17 de marzo.

El origen del problema.

Desde la  aprobación del Decreto 51/2011, de 17 de marzo, por el que se actualiza la normativa en materia de seguridad industrial en la Comunidad Autónoma de Galicia para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior y a  la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se ha producido un importante  deterioro de la situación de la actividad de la Fontanería en Galicia debido a la  desregulación del sector. Como se reconocía en la propia exposición de motivos del proyecto de decreto y se mantiene en el ahora publicado, no solo ha aumentado exponencialmente la actividad sin declarar o “en negro”, con la consiguiente disminución de recaudación fiscal y competencia desleal que supone para las empresas  que sí cumplen con todos los requisitos legales, sino que  además se ha multiplicado el acceso al  mercado de instaladores  y empresas con escasa cualificación, que no cumplen requisitos mínimos de formación, carentes  de seguro, y que por tanto carecen de capacidad económica para responder a cualquier  reclamación derivada de su posible responsabilidad por algún defecto o incumplimiento de las  instalaciones.

Los torpes intentos de arreglo del problema creado.

Echemos la vista atrás. Ante las diversas reclamaciones del sector por la situación creada, la Consellería llevó a cabo varios borradores de decreto por los que pretende enmendar el error cometido, pero manteniendo la fuente del problema cual es el registro voluntario de empresas instaladoras e instalaciones. A lo largo de estos años, Foncalor ha presentado diversos escritos por conducto oficial y dirigidos a todos los altos estamentos responsables, desde el Director General responsable del área, hasta el Presidente de la Xunta de Galicia, pasando por el Conselleiro de Industria, sin que se recibiera formalmente respuesta a las solicitudes presentadas. Incluso, en la emisión de uno de los borradores de Decreto por parte de la Consellería, se presentaron en tiempo y forma los correspondientes escritos de alegaciones que ni tan siquiera merecieron el acuse de recibo del organismo público.

A esta lucha iniciada en solitario por Foncalor, dada la pasividad que se había originado en los últimos años por parte de la federación gallega Fegafon liderada por la asociación coruñesa Agasca, se sumó posteriormente la nueva federación Faeiga, formada por las asociaciones Alufonca (Lugo), Aefonor (Orense) y Foncalor. De nada sirvieron los escritos formales y las reuniones en la sede de la Dirección General de Industria competente en la materia. El empecinamiento de la Consellería se mantuvo, a la par del reconocimiento de la generación del problema de la creación de la economía sumergida a raíz de la derogación de la Fontanería en el año 2011.

¡Más difícil todavía!

Por si fuera poco el planteamiento llevado a cabo por la Consellería, el organismo rector propone en uno de sus borradores incluir la figura del sello de calidad QFEGAFON, amparado por la federación de la que recibía su nombre, todo ello a modo de sello de calidad o sello comercial, en un claro ejercicio completamente arbitrario de delegación de competencias a favor de una entidad privada.

Fue necesario el envío a la Consellería de diversos escritos advirtiéndole del grave error que pretendía llevar a cabo con la propuesta de legalizar y avalar la marca de titularidad privada QFEGAFON, así como las consecuencias que ello podría tener, para que reconsideraran su posición de forma que en el último borrador decreto hecho público de forma oficiosa, había sido eliminada esta propuesta, lo que se mantuvo en la redacción final del Decreto ahora publicado.

Otros si pueden, pero nosotros no.

El carácter obligatorio del registro de empresas e instalaciones, no solo es perfectamente compatible con la directiva comunitaria y con la legislación española, sino que es aconsejable por los beneficios que una regulación adecuada supondría para el sector, los consumidores, y el medio ambiente, por no hablar de la Hacienda Pública y la Seguridad Social. De hecho, en otras Comunidades Autónomas existen registros de este tipo.

 Queda claro que la Xunta de Galicia es perfectamente competente para regular las actividades de Fontanería relativas a suministro y evacuación de agua, como han hechos otras Comunidades Autónomas con el establecimiento de regulación y procedimientos específicos tanto de registro de instalaciones interiores de suministro de agua, preceptiva obtención de carnet profesional para la actuación profesional como instalador autorizado de instalaciones de suministro de agua en edificios, etc., regulación que existe y se lleva a la practica en comunidades como, por ejemplo, Asturias, Euskadi, Murcia, Canarias o Castilla y León. Es evidente que Galicia tiene al menos las mismas competencias que estas comunidades autónomas, y no solo puede, sino que debe hacer uso de ellas.

Seguiremos luchando.

Evidentemente, en este asunto la Consellería mantiene una posición política, que no técnica o de falta de encaje legal, por la que la Fontanería en Galicia se encuentra en una situación de incertidumbre y marginalidad. Desde Foncalor seguiremos luchando por la normalización de la actividad, conjuntamente con la federación gallega Faeiga, y con el amparo de la federación nacional Conaif. Seguiremos luchando porque es nuestro compromiso con el sector y con la sociedad a la que prestamos servicio, al tratarse de actividad gremial que deberá llevarse a cabo con las adecuadas condiciones de calidad y salubridad, respeto medioambiental, responsabilidad social y prestación de garantías totalmente cubiertas, como siempre ha sido así, hasta el 17 de marzo de 2011 en que, innecesariamente, la nueva legislación quebró este compromiso muy a nuestro pesar.