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Registro de las instalaciones de fontanería
Desde que el pasado mes de Abril de 2011 la Consellería de Economía e Industria derogara el registro de las instalaciones de fontanería, con lo que ello significaba tanto para la estructura empresarial del sector como para la calidad de las instalaciones, FONCALOR inició una intensa lucha en defensa de la profesionalidad del sector y los derechos de las empresas instaladoras.
Más de un centenar de documentos recogen los tres años de trabajos llevados a cabo por FONCALOR, emitiendo escritos técnicos y jurídicos para la Consellería, cartas a los dos Conselleiros titulares y al Presidente de la Xunta de Galicia, reuniones con diferentes miembros de la Administración Pública, reuniones con grupos parlamentarios gallegos, propuestas de intervención y apoyo tanto a FEGAFON como a CONAIF, notas enviadas a medios de comunicación y ruedas de prensa, archivo documental que recoge algunas de las acciones llevabas a cabo por la Asociación en un tema de gran importancia donde la voz de FONCALOR se ha hecho oír en los estamentos públicos de Santiago de Compostela, Madrid y Bruselas.
La Administración Pública gallega, consciente de la importancia y gravedad del hecho, trata ahora de rectificar creando una Orden que viene a paliar en parte el error cometido, anunciando públicamente el pasado 15 de Octubre por medio del diario Faro de Vigo una iniciativa que manifiesta como propia, obviando en su comunicación la lucha llevada a cabo en este sentido por FONCALOR.
Sin embargo, el borrador de Orden elaborado por la Consellería sigue adoleciendo de irregularidades, por lo que la Asociación ha presentado siete alegaciones, entre ellas alguna de gran importancia y trascendencia como es que se vuelva a constituir el registro de empresas instaladoras.
La Asociación seguirá trabajando tanto con la Administración Pública como con aquellos organismos gremiales que así se lo propongan en la consecución de un sector profesional avanzado, moderno, que responda a demanda de las nuevas necesidades sociales y tecnológicas, pero siempre defendiendo los legítimos intereses y derechos de sus asociados, y la calidad y buen hacer de los servicios prestados por las empresas instaladoras a los usuarios finales, todo ello dentro de un marco operacional estrictamente legal y profesional.
Más de un centenar de documentos recogen los tres años de trabajos llevados a cabo por FONCALOR, emitiendo escritos técnicos y jurídicos para la Consellería, cartas a los dos Conselleiros titulares y al Presidente de la Xunta de Galicia, reuniones con diferentes miembros de la Administración Pública, reuniones con grupos parlamentarios gallegos, propuestas de intervención y apoyo tanto a FEGAFON como a CONAIF, notas enviadas a medios de comunicación y ruedas de prensa, archivo documental que recoge algunas de las acciones llevabas a cabo por la Asociación en un tema de gran importancia donde la voz de FONCALOR se ha hecho oír en los estamentos públicos de Santiago de Compostela, Madrid y Bruselas.
La Administración Pública gallega, consciente de la importancia y gravedad del hecho, trata ahora de rectificar creando una Orden que viene a paliar en parte el error cometido, anunciando públicamente el pasado 15 de Octubre por medio del diario Faro de Vigo una iniciativa que manifiesta como propia, obviando en su comunicación la lucha llevada a cabo en este sentido por FONCALOR.
Sin embargo, el borrador de Orden elaborado por la Consellería sigue adoleciendo de irregularidades, por lo que la Asociación ha presentado siete alegaciones, entre ellas alguna de gran importancia y trascendencia como es que se vuelva a constituir el registro de empresas instaladoras.
La Asociación seguirá trabajando tanto con la Administración Pública como con aquellos organismos gremiales que así se lo propongan en la consecución de un sector profesional avanzado, moderno, que responda a demanda de las nuevas necesidades sociales y tecnológicas, pero siempre defendiendo los legítimos intereses y derechos de sus asociados, y la calidad y buen hacer de los servicios prestados por las empresas instaladoras a los usuarios finales, todo ello dentro de un marco operacional estrictamente legal y profesional.