O Valedor do Pobo da la razón a FONCALOR tras la queja presentada contra la Consellería de Economía e Industria por la inoperatividad de la Administración ante las denuncias de intrusismo en el sector de las instalaciones.

FONCALOR presentó el pasado 12 de julio queja formal ante el VALEDOR DO POBO por la inoperatividad de la Administración Pública, y más concretamente por la Consellería de Economía e Industria, ante las denuncias de intrusismo presentadas por la Asociación

En FONCALOR veníamos denunciando todos los casos de intrusismo y competencia desleal de los que teníamos conocimiento y de los cuales hasta la fecha no se habían obtenido ninguna respuesta de su situación por parte de la Consellería de Economía e Industria. Esta situación de desamparo nos ha llevado finalmente a tener que presentar el pasado el pasado 12 de julio una queja formal contra la Conselleria de Economía e Industria, Jefatura territorial de Pontevedra por inactividad continuada en la lucha contra el intrusismo, queja que fue admitida a trámite por el VALEDOR DO POBO en fecha 24 de julio, y posteriormente el 30 de septiembre se recibe la resolución favorable indicándosenos por parte de dicho organismo que la Consellería de Economía e Industria a raíz de la denuncia de FONCALOR y la investigación abierta por el VALEDOR DO POBO, había dado instrucciones para la puesta en marcha de un protocolo de actuaciones con rango de aplicación en toda Galicia, para que cuando se recepcione una denuncia por intrusismo o competencia desleal se abran las correspondientes diligencias documentales a requerir al posible infractor y en caso de no recibir respuesta se incoaría automáticamente expediente sancionador, dando fin así a la incomprensible actitud de inoperatividad de la Consellería de Economía e Industria ante hechos tan graves tipificados en el ámbito de la seguridad industrial.

Este es un gran logro para el sector en toda Galicia, al disponer de un nuevo protocolo de actuaciones por parte de la Consellería de Economía e Industria que hace más operativo el seguimiento de las denuncias, el control de los infractores y acelera los procesos, dando una seguridad tanto al usuario final como a las empresas legales que pagan rigurosamente sus impuestos.