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FONCALOR no firma el acuerdo del Convenio Colectivo del Metal de Pontevedra.
El sector de empresas instaladoras, a las que FONCALOR representa, está formado por pymes y empresarios individuales que han sufrido las consecuencias de la crisis con un saldo estimado en estos últimos años de más de 1.000 empresas y empresarios individuales que han tenido que cerrar en Galicia, afectado a unos 3.500 puestos de trabajo perdidos por esta causa. A todo ello hay que añadir el impacto que en el sector representa que el 25% de la actividad se haga de forma ilegal al amparo de la economía sumergida, como hemos denunciado recientemente en rueda de prensa celebrada el 29 de Julio en la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), encontrándonos inmersos en una difícil lucha para acabar con esta situación amparada en la laxitud demostrada en este tema por la Administración Pública.
Ante este escenario, el sector de las empresas instaladoras difícilmente puede asumir tanto las propuestas de incremento salarial que se plantean, como obviar otras reivindicaciones de la parte empresarial como la modificación del radio kilométrico a efectos de establecimiento de centro de trabajo.
Ante las dificultades que conlleva la caída de márgenes comerciales y la morosidad sectorial, de aplicar una subida salarial como la propuesta acarrearía más cierres de empresas y desaparición de empresarios individuales, así como la destrucción de empleo, por lo que FONCALOR, consciente de su responsabilidad y representatividad en el sector de las empresas instaladoras, adopta su postura en defensa de las empresas y los trabajadores del sector.
Las empresas del sector de las instalaciones a las que FONCALOR representa son pymes y empresarios individuales que cuentan con limitados recursos financieros, normalmente avalados por el patrimonio de los propios titulares, frente a los planteamientos de otras actividades del sector metal amparados en grandes líneas crediticias, desgravaciones fiscales o apoyos de grupos multinacionales que necesitan mantener sus estructuras de fabricación o distribución, todo ello encuadrado en medidas políticas establecidas ad hoc por la Administración Pública. La realidad de las empresas instaladoras es muy otra y su estructura de pyme y apuesta empresarial de sus titulares, dentro de un marco de realismo y contención de gastos, ha permitido mantener una cifra significativa de empleo consolidado frente al desmoronamiento de otros sectores como el naval.
Por otra parte, la focalización de determinados aspectos discutidos en este Convenio que hacen referencia exclusiva al sector naval, unido a otros aspectos reflejados en el Convenio del metal inapropiados para el sector de las instalaciones, anima a FONCALOR a seguir avanzando en la consecución de un convenio específico sectorial para las empresas instaladoras, trabajos ya iniciados y que han merecido un primer interés por parte de los sindicatos.
FONCALOR seguirá adoptando las medidas oportunas en defensa de las empresas instaladoras y de sus puestos de trabajo, consciente de su responsabilidad y representación gremial en el sector de las empresas instaladoras.
Ante este escenario, el sector de las empresas instaladoras difícilmente puede asumir tanto las propuestas de incremento salarial que se plantean, como obviar otras reivindicaciones de la parte empresarial como la modificación del radio kilométrico a efectos de establecimiento de centro de trabajo.
Ante las dificultades que conlleva la caída de márgenes comerciales y la morosidad sectorial, de aplicar una subida salarial como la propuesta acarrearía más cierres de empresas y desaparición de empresarios individuales, así como la destrucción de empleo, por lo que FONCALOR, consciente de su responsabilidad y representatividad en el sector de las empresas instaladoras, adopta su postura en defensa de las empresas y los trabajadores del sector.
Las empresas del sector de las instalaciones a las que FONCALOR representa son pymes y empresarios individuales que cuentan con limitados recursos financieros, normalmente avalados por el patrimonio de los propios titulares, frente a los planteamientos de otras actividades del sector metal amparados en grandes líneas crediticias, desgravaciones fiscales o apoyos de grupos multinacionales que necesitan mantener sus estructuras de fabricación o distribución, todo ello encuadrado en medidas políticas establecidas ad hoc por la Administración Pública. La realidad de las empresas instaladoras es muy otra y su estructura de pyme y apuesta empresarial de sus titulares, dentro de un marco de realismo y contención de gastos, ha permitido mantener una cifra significativa de empleo consolidado frente al desmoronamiento de otros sectores como el naval.
Por otra parte, la focalización de determinados aspectos discutidos en este Convenio que hacen referencia exclusiva al sector naval, unido a otros aspectos reflejados en el Convenio del metal inapropiados para el sector de las instalaciones, anima a FONCALOR a seguir avanzando en la consecución de un convenio específico sectorial para las empresas instaladoras, trabajos ya iniciados y que han merecido un primer interés por parte de los sindicatos.
FONCALOR seguirá adoptando las medidas oportunas en defensa de las empresas instaladoras y de sus puestos de trabajo, consciente de su responsabilidad y representación gremial en el sector de las empresas instaladoras.