La Confederación de Empresarios de Pontevedra muestra su apoyo a Foncalor y a sus empresas asociadas por la desregulación de la fontaneria

Foncalor con el apoyo y colaboración de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP)celebró el pasado lunes día 29 de julio una rueda de prensa en las instalaciones de la Confederación con la presencia del Presidente de Foncalor D. José Ramón Argudín Álvarez y el Vicepresidente de la CEP D. Luis Novoa, para alertar a los usuarios y a los medios del desamparo total que están sufriendo las empresas legales y los propios usuarios por la desregulación del sector de fontanería llevado a cabo por la Conselleria de Economía e Industria. El presidente de Foncalor, José Ramón Argudín, ha advertido este lunes de que la ausencia de un marco jurídico en el sector está provocando la destrucción de más de 3.500 empleos consolidados en la fontanería gallega, así como la desaparición de 1.000 pequeñas y medianas empresas y autónomos.

Esta situación ha provocado un ´´efecto llamada´´ que está incrementando el intrusismo profesional y la proliferación de la economía sumergida, estimado en un 25% de la actividad del sector, además de que la decisión tomada por la Administración perjudica a las empresas gallegas frente a las de otras comunidades autónomas en las que sí se sigue manteniendo ´´algún tipo de control´´ sobre las instalaciones interiores de agua y las empresas instaladoras, además de un registro que en Galicia ya no existe.

La solicitud princial de la Asociación se basa en una regulación urgente de la fontanería y en la adopción de las medidas necesarias para que la situación mejore lo antes posible para el conjunto del sector.

Hay que recalcar también que no solamente el sector corre peligro, sino que la desregulación también afecta negativamente a los usuarios. Con anterioridad a la publicación del Decreto, las empresas instaladoras de agua estaban obligadas a contar con un seguro de responsabilidad civil que cubría los daños a terceros. Con la desaparición de esta norma, los usuarios están desprotegidos frente a accidentes o actuaciones irregulares del instalador, como por ejemplo la utilización de materiales no homologados.

Tampoco existe un registro de instaladores, por lo que las reclamaciones pueden terminar en muchos casos sin un destinatario efectivo, ya que el usuario tendrá mucho más difícil el conocer y encontrar a la empresa instaladora y a su responsable técnico.

Desde Foncalor denunciamos la creación de una ´´situación total de desamparo al usuario que se ve perjudicado innecesariamente´´ por actuaciones ilegales que acaban enmarcándose en un oficio ´´encargado de proteger la salubridad del agua´´. La Administración debe velar y controlar la preparación técnica de los trabajadores ya que el Código Técnico de la Edificación (CTE) establece criterios de obligado cumplimiento que implican una elevada preparación, tanto para las empresas como para los propios instaladores.