Foncalor denuncia que la Conselleria de Economia e Industria ha conseguido la desaparición de más de 1.100 puestos de trabajo y 225 empresas del sector por la derogación de la normativa de fontanería

FONCALOR, Asociación Autónoma Provincial de Instaladores de Fontanería, Calefacción, Gas, Climatización, Electricidad, Mantenimiento y afines de Pontevedra, expresa su rechazo a la derogación por parte de la Consellería de Economía e Industria de la normativa autonómica sobre instalaciones interiores de agua que afecta al sector de la fontanería llevada a cabo mediante el Decreto 51/2011 . La falta de un marco jurídico estable ha provocado la destrucción de más de 1.100 empleos en empresas instaladoras de la provincia de Pontevedra y la desaparición de 225 empresas. La ausencia de regulación está provocando un efecto llamada que está incrementando de manera exponencial el intrusismo profesional y la proliferación de la economía sumergida. Además la Asociación ha advertido en reiteradas ocasiones a la Administración que la derogación desampara también al usuario, ya que las empresas instaladoras de agua estaban obligadas a contar con un seguro de responsabilidad civil que cubriese los daños a terceros, así como contar con unas habilitaciones profesionales que los facultan para ejercer este tipo de instalaciones. Esta obligación ha desaparecido, lo que supone la desprotección de los usuarios frente a accidentes o actuaciones, dado que desaparece el control, incrementándose la baja calidad de las instalaciones, la picaresca en la propuesta de soluciones erróneas o innecesarias para las instalaciones y reparaciones, o utilización de materiales, equipos y piezas de deficiente calidad, sin contar con su correspondiente marcado CE, entre otras consecuencias, con las que los usuarios se están encontrando. Por otra parte la inexistencia de un registro de instaladores dificulta que el usuario pueda saber quien es la empresa instaladora, si le fuese necesario poner alguna reclamación. Lo que está creando una situación total de desamparo al usuario que se ve perjudicado innecesariamente, en un proceso incomprensible de regresión normativa donde se había conseguido un modelo que defendía institucionalmente al usuario final y garantizaba sus intereses. Además denunciamos que la Administración no ha valorado lo suficiente los daños económicos y sociales que esta desregulación está causando a este sector, que se ha visto muy afectado por la crisis.